jueves, 13 de septiembre de 2007

Reformas; lo bueno, lo malo, lo feo y lo estúpido

Con un parafraseado título de película de Clint Eastwood comienza el segundo According to Paco en menos de un mes. Si se me puede inspirar a escribir estas piezas de prosa política más de una vez cada mes, es que o mis jugos creativos funcionan o que las cosas andan mal. Como todavía no me puedo jactar de la primera, asumiré la segunda.
Más de una persona ha dicho que suelo escribir de manera muy tendenciosa. Por más que procuro mostrarme neutral, o al menos criticar ambos lados, es imposible que mis filias y fobias no salgan a relucir, lo que sí he de defender es que lo que apoyo o en lo que desacuerdo no está en función de personas, sino de las ideas que exponen o defienden. Para comprobar este sencillo punto empezaré con la reforma propuesta por el Chaparrito Pelón de Lentes en materia fiscal y luego me voy con la reforma electoral. Ambas tienen claroscuros que a nivel personal afectan, pero el impacto mediático es también bastante interesante.

No más choro, porque aburrir a 15/9.568 lectores debe ser ilegal.

La reforma fiscal es una idea que se viene gestando desde la campaña de Foximiliano I de Guanajuato. No es ningún misterio entre los mexicanos que el régimen fiscal por el que se rige nuestro país no sólo no es sostenible sino que es bastante insensible a las necesidades reales del país. El modelo de crecimiento económico hacia afuera que hemos llevado desde tiempos del priásico ha traído una relativa estabilidad macroeconómica que no ha sido llevada al bolsillo de la mayoría de los habitantes y no es porque no se pueda, sino porque no se ha llevado como se debe.
Decir que México es pobre me parece, perdonen el adjetivo, una tremenda estupidez. No se puede pensar en pobreza (entendida como escasez de recursos) en la quinceava economía del mundo) en un país donde no sólo hay recursos naturales para echar para arriba (y no me refiero sólo a petróleo, sino también a minerales, tierras arables, etc) y una posición geográfica privilegiada (siendo vecino y posible puente comercial con la mayor economía del mundo) y menos si sabemos que ese país “pobre” es capaz de producir al hombre más rico del mundo.
México no sufre un problema de pobreza en bruto sino uno de desigualdad. La diferencia de ingresos entre el 20% más rico y 20% más pobre es de casi 17 veces; poniéndolo en términos más imaginables, lo que el 20% más pobre gana en año y medio es lo que gana el 20% más rico en un mes.
Otro de los (tantos) problemas es la corrupción y el innecesario gasto gubernamental. La corrupción no sólo hace que los recursos del gobierno se diluyan, sino que (mucho más importante) hace que la administración pública no cumpla sus funciones siquiera con lo que sí tiene. El gasto del gobierno está mal enfocado; no se invierte en infraestructura, pero se invierte en campañas políticas absurdamente caras; no se invierte en subsidios para lograr un campo competitivo, pero se gasta en focalizar programas de asistencia social que podrían mejor intentar arreglar problemas del sistema como conjunto y no sólo asuntos coyunturales.
Ese breve análisis de la pobreza y desigualdad es de donde una reforma fiscal debería partir: es un hecho que el gobierno necesita más dinero para trabajar y es un hecho que se tiene que pagar ya la deuda social que se tiene con los más pobres, pero eso es EXACTAMENTE lo que no está estipulado en la reforma.

PEMEX necesita un régimen fiscal que permita invertir en infraestructura, refinación y exploración de nuevas fuentes de combustible, no de pagar cirugías plásticas a sus miembros de sindicato.
Los partidos políticos deberían de mantener una democracia innecesariamente cara y en lugar de eso hacer que valga la pena un gasto de campaña.
Se debe incentivar la producción por medio de subsidios para el campo (incrementando el ingreso disponible por medio de transferencias), no tasar a las empresas que son las fuentes de trabajo (que a su vez dan salarios para que el mercado pueda moverse) con un impuesto absurdamente alto y por el cual no reciben ningún beneficio en absoluto.
No se debería re-estatizar los servicios de atención pública; evitar las donaciones empresariales a instituciones privadas no sólo no beneficia a las públicas sino que evita que los particulares puedan desarrollar sus necesidades que a final del cabo terminan también siendo las del país como comunidad.

Lo positivo de la reforma fiscal es que al menos entra en el discurso común que es necesaria y posible; el fondo es adecuado, pero la forma y costo político que se va a tomar no vale la pena por un incremento al crecimiento del PIB de sólo 0.5%

La reforma electoral es un boleto completamente diferente en el cual tengo más puntos a favor, pero como un breve impasse entre tema y tema me gustaría dar una respuesta a los grupos que dicen que fue cínico condicionar una reforma a la otra; la democracia se basa en acuerdos, negociaciones y lo que en lengua común diríamos “estira y afloja”. En virtualmente todas las democracias plurales del mundo un grupo incentiva al otro a negociar por medio de lo que uno tiene. No tiene por qué ser diferente en México.

Mi perspectiva de la reforma electoral es bastante diferente del primer borrador de este artículo. Por más que lo intenté, el peso de los medios electrónicos avasalló mi opinión pública. No fue sino hasta que llevé mi perspectiva al escrito que pude meditar (apoyado por medios impresos) qué es lo bueno y qué es lo malo de ésta.
Lo bueno, durante la campaña de 2006, como lo reporté en su momento, las campañas pasaron de lo atinadas a lo sumamente lelas. Las propuestas degeneraron en acusaciones y no han salido de allí. Una guerra sucia de los dos lados (comparar a López con Chávez es casi tan absurdo como comparar al Chaparrito con Hitler) dejó una opinión pública dividida y con una parálisis política innecesaria después de 12 años de (relativa) democratización.
El grupo protagonista de esta guerra no fueron los políticos; ellos se pueden parar en un estrado y ladrar lo que les venga en gana sin que tenga consecuencia relevante. Los verdaderos protagonistas fueron los medios electrónicos, que se pusieron al grito de guerra.
Para los no informados, parte de la reforma contempla evitar que los partidos contraten espacios en la televisión, usando mejor tiempos oficiales (que ya existen) para promocionar sus plataformas.
Recuerdo la tregua electoral en la que los medios no transmitieron la faramalla política en diciembre-enero de 2006. Ese periodo fue de normalización de la opinión pública. Ese breve experimento debería sentar precedente: cuando la grilla, no la política (es decir, las acusaciones, no las propuestas) sale de los medios, es más probable que la población regrese a un discurso personal y no uno politizado a favor o de un proyecto mesiánico o de un sistema pacificador (que al fin del caso ambos son caudillos aunque uno personal y uno institucional).
En cuanto se propuso eso, los medios electrónicos saltaron diciendo que se atentaba en contra de la libertad de expresión y muchas otras condenas. Pedro Ferriz de Con dio un discurso bastante combativo (como su estilo suele ser; usualmente no tengo desacuerdos tan brutales, pero el caso existe) en contra de la reforma pero eventualmente se pudo dilucidar el verdadero problema para los medios: la pérdida de muchos millones de pesos por concepto de anuncios desde en hora de Los Simpson hasta los anuncios de Madrazo durante los juegos de México.Remover el poder de dejar ver o no ver anuncios de los medios es sumamente importante para poder retirar el poder total de un solo grupo, sin embargo, también es sumamente injusto obligar a las televisoras (empresas que como tal pagan impuestos) a subsidiar la actividad política a costo de tiempo que podrían usar en otros patrocinadores.
Siguiendo con asuntos presupuestales, voy por la falacia de hacer la democracia más barata. Efectivamente se reducirán los tiempos de campaña, pero se “ignora” que el gasto por día sube en 40%. Es cierto que los gastos finales se reducen, pero lo que me causa curiosidad es si no pueden contratar anuncios los partidos, en qué van a usar ese dinero.

Suficiente positivo, vámonos a lo sumamente negativo.
Tal vez el mayor logro de la ciudadanía durante el priásico alto fue la constitución de una organización independiente de la entonces omnipotente presidencia de la república que manejara las elecciones. El Instituto Federal Electoral surgió como una opción para legitimizar la democracia que apenas surgía en México, producto del descontento ciudadano (de ese que sale de la sociedad civil, no de políticos disfrazados de ciudadanos) que viene desde el 68, culminando por el sacudimiento literal y figurado en el 85.
El IFE administró las elecciones de Zedillo en adelante quedando como un exponente de los órganos ciudadanos en el mundo.
Varios medios han intentado hacer ver que la propuesta de remover a los consejeros del IFE por medio de la reforma electoral es una revancha por parte del PRD y del PRI. Coincido con ellos pero pienso que esa definición es incompleta; el PAN está también en esa revancha.
El PRD y el PRI están claramente ardidos por haber perdido y sido relegados a ser la tercera fuerza, respectivamente y el PAN tiene sed de venganza porque el IFE falló en legitimizar la elección del nuevo régimen en el momento más esencial del proceso y conflicto electoral del 2006.
Remover a los consejeros del IFE abiertamente no sólo es un retroceso en casi en 20 años en nuestra de por sí retrógrada democracia, sino que es una sustitución de la figura del presidente omnipotente capaz de ignorar a la ciudadanía por un congreso omnipotente capaz de ignorar a la ciudadanía.

Coincido parcialmente en que el IFE necesita renovarse después de la crisis de 2006, pero remover a los consejeros desde un poder superior es claramente una violación a su autonomía. Una reforma a lo que se puede y no hacer desde ese órgano urge, es cierto, pero debe ser hecha hasta que los actuales consejeros terminen sus obligaciones no sólo con el sistema político, sino con la ciudadanía a la que al final habrán de rendir cuentas y serán premiados o castigados con la opinión pública.

En resumen: estamos por primera vez en un periodo legislativo en la que se está intentando hacer algo. Lástima que ambas reformas que son sumamente importantes para el desarrollo económico, político, social y ciudadano del país salgan por la vía del fasttrack en lugar de ser meditadas, consultadas y analizadas no sólo por políticos, sino por sociedad civil e instituciones académicas.